Circular · CRA-593Jurisprudencia28 de octubre de 2026
Tesis de Tribunales Colegiados interesantes y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación
Circular 3058-Bis-2026
Transcribimos a ustedes algunas Tesis de Tribunales Colegiados interesantes y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación.
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032773
Duodécima Época
Materia(s): Penal
Tesis: I.9o.P.6 P (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. NO SE CONFIGURA POR LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO FALSO EN UN JUICIO LABORAL, AL RESULTAR APLICABLE EL TIPO PENAL ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1006 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el hecho con apariencia de delito de fraude procesal previsto en el referido artículo del Código Penal, con motivo de haber presentado un documento reputado falso en un juicio laboral. Promovió amparo indirecto y el Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al considerar que esa conducta se subsumía en el tipo penal previsto en el indicado artículo 1006, acorde con el principio de especialidad. Inconforme, la persona moral víctima, en su carácter de tercera interesada, interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Conforme al principio de especialidad, la conducta consistente en presentar un documento falso dentro de un juicio laboral se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo y desplaza la aplicación de la figura delictiva de fraude procesal prevista en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.
Justificación: En la hipótesis destacada del tipo penal previsto en el aludido artículo 310, el elemento relevante no es la materia del juicio (laboral, civil, mercantil, etcétera), sino la afectación al bien jurídico tutelado que es la administración de justicia. Por su parte, el mencionado artículo 1006 prevé una figura delictiva que sanciona conductas específicas en el ámbito laboral, teniendo como bien jurídico tutelado la correcta administración de la justicia laboral.
En ese sentido, cuando la conducta imputada consiste en presentar un documento falso, debe atenderse a esa conducta y no a su falsificación o alteración, porque el tipo penal de fraude procesal en la hipótesis en análisis se refiere a cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener sentencia o resolución contraria a la ley; con la precisión de que ese acto no debe consistir en simular un acto jurídico, un acto o escrito judicial, ni en alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio; aunado a que, en el caso, supone la realización de dicha conducta dentro de un juicio laboral, el bien jurídico tutelado es la correcta administración de justicia laboral.
Por tanto, resulta jurídicamente correcto desplazar la aplicación del tipo penal de fraude procesal, en atención a que: a) existe una norma especial aplicable al caso concreto; b) la conducta encuadra de manera precisa en el supuesto previsto por la legislación laboral; y c) se garantizan los principios de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley penal. Así, el juzgador privilegia la aplicación de la legislación especial, con base en el principio de especialidad normativa.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 364/2025. 8 de mayo de 2026. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Gustavo Alberto Campos Vázquez, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar y Martha Carolina Román Ordaz. Ponente: Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Secretaria: Arianna Alvarez Urbina.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032779
Duodécima Época
Materia(s): Laboral
Tesis: I.4o.T.12 L (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA LABORAL. SU APLICACIÓN EXIGE A LA PERSONA JUZGADORA NO INCURRIR EN FORMALISMO MÁGICO DURANTE EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL JUICIO.
Hechos: Una mujer trabajadora demandó su reinstalación y demás prestaciones inherentes por haber sido despedida debido a su condición de embarazo.
La Junta responsable reconoció y anunció, al admitir la demanda, que actuaría con sujeción a la perspectiva de género.
Durante el trámite del juicio previno a la actora en dos ocasiones: primero, para que compareciera y firmara autógrafamente la demanda laboral y después, para que demostrara su embarazo; omitió decretar la medida cautelar de mantenimiento de la seguridad social y de los servicios de salud solicitada desde el escrito inicial de demanda; además, tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas y desechó de plano el incidente de regularización instado para justificar el motivo de su inasistencia a la audiencia respectiva, con lo que quedó sin oportunidad de cuestionar el escrito de renuncia y ofrecer pruebas para desvirtuarlo. Finalmente, al resolver, luego de citar convenciones, precedentes y el protocolo en materia de perspectiva de género, absolvió a las empresas demandadas al considerar no acreditada la relación laboral con una de ellas y demostrada la renuncia voluntaria respecto de la otra.
En relación con el aducido despido injustificado por motivo de embarazo, afirmó que no demostró ubicarse en alguna hipótesis que hiciese aplicable la perspectiva de género; tampoco acreditó haber informado a la patronal sobre su estado de gravidez, ni alguna discriminación en su perjuicio. Inconforme, la actora promovió amparo directo.
Criterio jurídico: Juzgar con perspectiva de género exige a la persona juzgadora no incurrir, durante el trámite del juicio laboral y el dictado del laudo, en formalismo mágico, consistente en asumir que la invocación de principios o la cita de convenciones resulta suficiente para garantizar el uso de esa herramienta metodológica.
Justificación: Conforme a la doctrina jurisprudencial sustentada por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esa circunstancia debe ser tomada en cuenta con el propósito de visibilizar si incide en la forma de aplicar el derecho en el caso concreto y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.
Además, las personas juzgadoras deben considerar una serie de estándares mínimos para estar en condiciones de identificar los impactos diferenciados que puede producir la categoría de género en el litigio, sin que constituyan reglas que deban verificarse secuencialmente. En ese sentido, lo relevante en este modelo metodológico radica en que, bajo un esquema de pensamiento crítico, la autoridad jurisdiccional pueda advertir si las eventuales asimetrías o vulnerabilidades exigen una atención especial y respuesta de su parte.
Tal obligación no se agota ni manifiesta exclusivamente al momento del dictado del acto que pone fin al juicio, sino que también debe acatarse durante la tramitación del proceso laboral, incluso desde que se radica.
En ese contexto, el vicio del formalismo mágico describe la mala praxis de la perspectiva de género, pues la autoridad jurisdiccional aparenta el cumplimiento del parámetro de regularidad constitucional de los derechos de la mujer, mediante la cita de protocolos, parámetros normativos y de jurisprudencia que versa sobre dicho tópico para, enseguida, durante la tramitación y resolución del caso, inobservar y vulnerar sus postulados mediante actos, omisiones y afirmaciones carentes de fundamento, basadas en estereotipos y apoyadas en razonamientos contradictorios, que opacan y niegan la realidad en menoscabo de los citados derechos de la mujer.
Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, en el caso de la mujer trabajadora en condición de embarazo y luego en ejercicio de la maternidad, a quien se previene reiterada e injustificadamente omitiendo decretar la medida cautelar de acceso a los servicios de salud, se le desecha ilegalmente el incidente promovido para justificar su inasistencia a la audiencia de pruebas, impidiéndole cuestionar la renuncia y ofrecer pruebas para desvirtuarla, o se le atribuye la carga de probar la coacción en su renuncia, así como el deber de informar a la patronal sobre su estado de gravidez.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 304/2025. 19 de marzo de 2026. Unanimidad de votos del Magistrado Mauricio Barajas Villa, y de Jazmín Gabriela Malváez Pardo y María Gabriela Torres Arreola, secretarias en funciones de Magistradas. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: Itzia Rangel Mendoza.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032788
Duodécima Época
Materia(s): Laboral
Tesis: I.4o.T.16 L (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
TRABAJADORA EMBARAZADA. EL DATO RELATIVO A ESA CONDICIÓN ES PERSONAL SENSIBLE Y ESTÁ PROTEGIDO CONFORME AL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN.
Hechos: Una mujer trabajadora demandó, entre otras prestaciones, su reinstalación con motivo del despido injustificado del que adujo fue objeto debido a estar embarazada. La Junta responsable absolvió a la parte demandada, entre otras razones, porque la actora no acreditó haber informado oportunamente a su empleador esa condición. Inconforme, la actora promovió amparo directo.
Criterio jurídico: El estado o condición de embarazo de una mujer constituye un dato personal sensible, por formar parte de la esfera más íntima de la persona, por lo que a ella corresponde su descubrimiento, así como la prerrogativa de negarse a revelarlo, sobre todo en materia laboral, en tanto puede dar origen a discriminación en su contra.
Justificación: Conforme a los artículos 1o., 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 8 y 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el estado o condición de embarazo de la mujer constituye un dato personal sensible constitucionalmente protegido cuyo resguardo forma parte del ejercicio de su autonomía, independencia y libertad, por lo que puede mantenerlo oculto si así lo desea, pues forma parte de su patrimonio jurídico y a ella le corresponde decidir sobre su revelación.
En consecuencia, la decisión de mantener reservada o revelar dicha condición no puede utilizarse por el empleador o por la autoridad jurisdiccional para justificar cualquier decisión adversa en la esfera de derechos de la mujer o su descendencia, pues de esa circunstancia no debe seguirse ningún tipo de discriminación o consecuencia desfavorable para la trabajadora.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 304/2025. 19 de marzo de 2026. Unanimidad de votos del Magistrado Mauricio Barajas Villa, y de Jazmín Gabriela Malváez Pardo y María Gabriela Torres Arreola, secretarias en funciones de Magistradas. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: Itzia Rangel Mendoza.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032790
Duodécima Época
Materia(s): Laboral
Tesis: I.4o.T.15 L (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
TRABAJADORA EMBARAZADA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LABORAL DEBE OTORGAR DE OFICIO LAS MEDIDAS CAUTELARES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA DURANTE EL EMBARAZO O EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA MATERNIDAD PROTEGIDA.
Hechos: Una mujer trabajadora demandó, entre otras prestaciones, su reinstalación e inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; adujo que fue objeto de despido injustificado debido a su condición de embarazo y solicitó se decretara como medida cautelar el mantenimiento de la seguridad social y el acceso a los servicios de salud.
La Junta responsable, pese a que la trabajadora cumplió con el requerimiento de demostrar su estado de gravidez, omitió decretar esas medidas cautelares. Finalmente, en relación con las prestaciones reclamadas a las instituciones de seguridad social, dejó a salvo los derechos de la parte actora al estimar que los reclamos pertenecen al ámbito administrativo. Inconforme, la actora promovió amparo directo.
Criterio jurídico: Las autoridades jurisdiccionales deben decretar sin demora y de oficio las medidas cautelares de mantenimiento de la seguridad social y acceso a los servicios de salud durante el juicio laboral, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional relativo al derecho de la mujer embarazada o en ejercicio de la maternidad protegida, a la salud y a una vida libre de violencia y no discriminación, tanto en los centros de trabajo como durante la tramitación de los procesos jurisdiccionales.
Justificación: De acuerdo con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en la recomendación general número 24 al interpretar el artículo 12 de esa Convención; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3, 4, 6, 8, 9 y 10 del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo; 132, fracción XXVII, de la Ley Federal del Trabajo, y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, en materia de protección a la salud de la mujer embarazada y en ejercicio de la maternidad protegida, así como el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a asumir un rol activo y decretar oficiosamente las medidas cautelares tendentes a que, durante el desahogo del juicio, se mantenga y se permita el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud tanto a la trabajadora como a su descendencia.
Entonces, si el Estado cuenta con dichos servicios de salud y la parte patronal está obligada a garantizarlos mediante la inscripción de sus personas trabajadoras en el régimen de seguridad social que corresponda, la negativa u omisión injustificada de dispensarlos y garantizarlos durante el proceso jurisdiccional en el que la demandante es una mujer que aduce haber sido despedida por estar embarazada, vulnera el marco convencional aplicable.
Dicha protección debe hacerse extensiva al laudo, pues de acreditarse la acción intentada, la condena en relación con las prestaciones descritas será en forma retroactiva.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 304/2025. 19 de marzo de 2026. Unanimidad de votos del Magistrado Mauricio Barajas Villa, y de Jazmín Gabriela Malváez Pardo y María Gabriela Torres Arreola, secretarias en funciones de Magistradas. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: Itzia Rangel Mendoza.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
“Unámonos más que nunca en un Gran Acuerdo Por México”
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