Posibilidades de un Seguro de Desempleo en México

La razón central por la que México no ha logrado implementar un seguro de desempleo nacional es la misma que ha aparecido varias veces en nuestra conversación: la informalidad laboral, que ronda 55% de la población ocupada y sigue subiendo. Un seguro de desempleo contributivo, como el que existe en Estados Unidos, Canadá o la mayoría de Europa, se financia con aportaciones de patrones y trabajadores formales; con más de la mitad de la fuerza laboral fuera de ese circuito, cualquier esquema contributivo dejaría fuera justamente a quienes más lo necesitan, y solo cubriría a una porción del país que además se está reduciendo relativamente cada año. Hay un antecedente histórico concreto: el "Pacto por México" de 2013, firmado entre el gobierno de Peña Nieto y los principales partidos, incluyó explícitamente el compromiso de crear un seguro de desempleo nacional como parte del paquete de reformas de ese sexenio. Nunca se convirtió en ley federal. Se diluyó frente a otras prioridades legislativas de la época, y ese patrón se ha repetido desde entonces: cada nueva legislatura ha tenido propuestas para incluir un capítulo de seguro de desempleo en la LFT, pero ninguna ha avanzado a votación real. El obstáculo fiscal y empresarial es el segundo factor. Agregar una prima obligatoria de desempleo significaría otra carga sobre la nómina formal, que ya paga cuotas IMSS, Infonavit e impuesto sobre nómina estatal. Las organizaciones empresariales han sido consistentes en oponerse a nuevas cargas patronales, sobre todo en un periodo donde ya se han acumulado varias reformas que encarecen la formalidad (la reforma de outsourcing, la reducción de jornada laboral que revisamos, discusiones sobre exentar el ISR del aguinaldo). El riesgo, señalado por varios especialistas, es que una carga adicional empuje a más empresas hacia la informalidad, justo el problema que ya está empeorando. Existen sustitutos parciales que han reducido la urgencia política de resolver esto de fondo: el retiro parcial de la Afore, que permite a un trabajador disponer de hasta 10% del saldo acumulado en su cuenta de retiro una vez cada cinco años por desempleo, funciona como un colchón, pero es dinero del propio trabajador, no un seguro real. La indemnización por despido injustificado de la LFT (tres meses de salario más 20 días por año trabajado) traslada el costo directamente al patrón caso por caso, en lugar de un fondo colectivo administrado por el Estado. Y algunos programas locales, como el "Seguro de Desempleo" de la Ciudad de México, son apoyos económicos con cargo al presupuesto público, no seguros contributivos, y solo existen en algunas entidades, no a nivel nacional. En resumen: no es que a México le falte la idea o la voluntad declarada, es que el diseño de un seguro de desempleo tradicional choca con la estructura real del mercado laboral mexicano, y mientras la informalidad siga creciendo en vez de reducirse, ese choque se hace más difícil de resolver, no menos.