Circular · CRA-506Jurisprudencia20 de octubre de 2026
Circular 3056-2026 Tesis
Circular 3056-2026
Transcribimos a ustedes algunas Tesis de Tribunales Colegiados interesantes y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación.
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032762
Duodécima Época
Materia(s): Laboral, Común
Tesis: PR.P.T.CS. J/3 K (12a.)
Instancia: Plenos Regionales
Tipo: Jurisprudencia
AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CONTRA LA OMISIÓN DE CUANTIFICAR LOS INTERESES MORATORIOS EN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO FIRME.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el juicio de amparo indirecto contra la omisión atribuida a la autoridad laboral de pronunciarse sobre la solicitud expresa de cuantificar los intereses moratorios derivados de la ejecución de un laudo firme.
Mientras uno estimó actualizada la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que la omisión de cuantificarlos es un acto intraprocesal, carente de autonomía y afectación directa e irreparable de derechos sustantivos, que debía reclamarse hasta la última resolución del procedimiento de ejecución; el otro estimó que la inactividad podía obstaculizar el cumplimiento efectivo del laudo y la satisfacción de la cosa juzgada, aunado a que una demora injustificada vulneraría la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, por lo que la improcedencia no era manifiesta ni indudable y la justificación de la omisión debía analizarse en el fondo.
Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: Determinar si contra la omisión de la autoridad laboral de cuantificar los intereses moratorios en la ejecución de un laudo firme, que le fue solicitado expresamente, procede o no el juicio de amparo indirecto.
Criterio jurídico: Para determinar si procede el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado sea la omisión de la autoridad laboral responsable de pronunciarse sobre la cuantificación de los intereses moratorios en la ejecución de un laudo, debe verificarse que la persona interesada lo haya solicitado expresamente y que exista un deber concreto y exigible de emitir el pronunciamiento correspondiente, además deben valorarse el tiempo de demora, las actuaciones realizadas y las razones de la falta de respuesta, y si ello exige revisar el expediente y el informe justificado, debe admitirse la demanda para resolver sobre la procedencia definitiva del juicio.
Justificación: Conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, una demanda sólo puede desecharse de plano cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, y aunque el artículo 107, fracción IV, de la propia ley prevé que, por regla general, los actos dictados en la ejecución de un laudo se impugnan hasta la última resolución del procedimiento, esa regla admite excepción cuando la omisión reclamada puede afectar directamente derechos sustantivos.
La falta de pronunciamiento sobre la cuantificación de intereses moratorios no equivale a una negativa expresa ni puede calificarse automáticamente como una cuestión intraprocesal. Para establecer su relevancia, debe verificarse si: a) existió una solicitud expresa; b) la autoridad laboral tenía el deber de proveerla; y c) el tiempo transcurrido revela una demora injustificada, atendiendo a las actuaciones realizadas y a las circunstancias particulares del procedimiento de ejecución.
Esto, pues si bien los intereses son accesorios a la prestación principal, están vinculados con las consecuencias económicas del retraso en el cumplimiento y pueden incidir en el alcance económico de la condena. Por ello, la omisión injustificada de pronunciarse puede constituir una dilación procesal que: obstaculice el cumplimiento íntegro del laudo, afecte el derecho patrimonial de la parte beneficiaria, al impedirle conocer y exigir el importe total de la condena, y vulnere la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional.
Así, cuando sea necesario analizar las constancias de ejecución y el informe justificado de la autoridad responsable para determinar si la falta de respuesta excedió un plazo razonable y afectó esos derechos, la improcedencia no puede considerarse manifiesta e indudable.
En ese supuesto, debe admitirse la demanda para resolver en la sentencia si existe una omisión jurídicamente relevante, sin prejuzgar sobre la procedencia o cuantificación de los intereses.
PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Contradicción de criterios 93/2026. Entre los sustentados por el Primer, el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. 9 de septiembre de 2026. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, y de Alan Antonio Morán Herrera, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Secretario: Luis Omar García Morales.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver las quejas 33/2026, 55/2026, 80/2026, 93/2026, 101/2026, 115/2026, 119/2026 y 143/2026, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver las quejas 79/2026, 81/2026, 104/2026 y 155/2026.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de octubre de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032775
Duodécima Época
Materia(s): Laboral, Común
Tesis: PR.P.T.CS. J/25 L (12a.)
Instancia: Plenos Regionales
Tipo: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE IMPUGNA UN ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TERRITORIALES Y POR MATERIA DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 77, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO).
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si era indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la normativa referida respecto de demandas de amparo indirecto promovidas contra un acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que los efectos de la eventual concesión harían nugatoria la reforma en materia de trabajo de 2019. Mientras que uno consideró que sí era indudable y manifiesta y, por tanto, debía desecharse la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; el otro estimó que no lo era, porque su análisis requería un estudio más profundo, propio de la sentencia de amparo y no de un auto de trámite.
Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra un acuerdo administrativo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que los efectos de la eventual concesión del amparo harían nugatoria la reforma en materia de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019?
Criterio jurídico: No se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugna un acuerdo administrativo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque para determinar los posibles efectos del amparo se requiere un análisis de fondo del acuerdo impugnado.
Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado una robusta doctrina jurisprudencial respecto a que una causa de improcedencia es notoria y manifiesta, cuando está plenamente demostrada y existe certeza de que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportarse.
En ese contexto, cuando la improcedencia del juicio se hace depender de que una eventual concesión de amparo no podría surtir efectos porque haría nugatoria la reforma en materia de trabajo de 2019, no se está ante una causa manifiesta e indudable.
Examinar esa posibilidad requiere el estudio de fondo de las pretensiones de la persona promovente, esto es, si el acuerdo reclamado tiene un alcance mayor a la reforma misma, si constituye o no un formalismo meramente procedimental o si es un impedimento u obstáculo fáctico para el ejercicio de una tutela judicial efectiva, lo que exige una mayor reflexión y la ponderación de aspectos adicionales que sólo pueden allegarse durante la tramitación del juicio de amparo y resolverse en sentencia.
Por tanto, no procede desechar de plano la demanda en el auto inicial con fundamento en el indicado artículo 113, ya que ello implicaría privar a la parte quejosa –a priori– de la oportunidad de que se estudie la constitucionalidad del acuerdo impugnado.
PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Contradicción de criterios 90/2026. Entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito. 9 de septiembre de 2026. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, y de Alan Antonio Morán Herrera, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver la queja 531/2025, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver la queja 526/2025.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de octubre de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032764
Duodécima Época
Materia(s): Laboral, Común
Tesis: PR.P.T.CS. J/29 L (12a.)
Instancia: Plenos Regionales
Tipo: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. ES RETROACTIVA Y PERJUDICIAL LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 130/2016 (10a.), PARA DEFINIR LA COMPETENCIA EN CONFLICTOS DERIVADOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PACTADAS Y REVISADAS ANTES DE SU EMISIÓN BAJO EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la aplicación de la jurisprudencia referida y sus efectos sobre la determinación de la competencia legal para conocer de conflictos laborales suscitados entre el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y su sindicato. Mientras uno concluyó que aplicar dicho criterio para desmantelar un régimen laboral consolidado, afecta de forma retroactiva la seguridad jurídica del gremio obrero; el otro consideró que no existía retroactividad, al tratarse de una aplicación inmediata de reglas competenciales de orden público para resolver una controversia presente.
Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿La aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.) para definir la competencia para conocer de un conflicto laboral surgido con posterioridad a su emisión, pero derivado de una relación colectiva de trabajo pactada y revisada con anterioridad bajo el régimen del apartado A del artículo 123 constitucional, implica una aplicación retroactiva proscrita por el artículo 217 de la Ley de Amparo, o constituye una aplicación inmediata de las reglas competenciales de orden público?
Criterio jurídico: La aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.) para definir la competencia formal de un conflicto laboral surgido con posterioridad a su emisión, pero derivado de una relación colectiva de trabajo pactada y revisada previamente bajo el apartado A del artículo 123 constitucional, al amparo de criterios jurisprudenciales anteriores, constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de la persona justiciable proscrita por el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, cuando desplaza hacia el régimen burocrático la competencia correspondiente al régimen colectivo consolidado. En consecuencia, la competencia formal para conocer y substanciar el procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria entre el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y su sindicato, se surte a favor del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco.
Justificación: Conforme al citado artículo 217, párrafo último, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si bien las normas competenciales adjetivas son de orden público y de aplicación inmediata, en el ámbito del derecho del trabajo la vía procesal no puede desvincularse de la naturaleza material y sustantiva que rige el pacto de voluntades. Cuando una relación colectiva de trabajo, como es el caso de la del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con su sindicato, se constituyó y revisó bajo el amparo de un bloque de criterios jurisprudenciales previos y obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [como las tesis P./J. 1/96, 2a./J. 13/2000 y 2a./J. 180/2012 (10a.)] que adscribían de forma exclusiva a los organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional –cuya vigencia del criterio matriz de 1996 fue formalmente refrendada por el Tribunal Pleno en la diversa P./J. 10/2021 (11a.), hasta el 31 de enero de 2022–, las revisiones contractuales e instituciones colectivas consolidadas constituyen consecuencias de derecho que ingresaron al patrimonio de la relación obligacional de forma definitiva.
Dicha primacía del acuerdo convencional frente a las leyes o decretos de creación locales se halla respaldada al amparo de los Convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, por la fuerza vinculante de la autonomía colectiva. Por tanto, la introducción del aludido criterio modificatorio de 2016 opera con efectos estrictamente prospectivos y no puede obrar sobre el pasado de manera perjudicial. Privar a la organización trabajadora de las instituciones procesales ordinarias de la Ley Federal del Trabajo de forma retroactiva trastoca la previsibilidad, la confianza legítima y el derecho humano a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 constitucional, debiendo ser conocidas las controversias prejudiciales vinculadas a dichos instrumentos consolidados por la autoridad conciliatoria ordinaria local.
PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Contradicción de criterios 96/2026. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 9 de septiembre de 2026. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, y de Alan Antonio Morán Herrera, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Secretario: Jaime Emmanuel Cornejo Pérez.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 55/2023, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, al resolver el amparo en revisión 2/2025 (cuaderno auxiliar 424/2026).
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 1/96, 2a./J. 13/2000, 2a./J. 180/2012 (10a.), 2a./J. 130/2016 (10a.) y P./J. 10/2021 (11a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS ENTRE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS TRABAJADORES.", "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." y "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, y Tomo XI, febrero de 2000, página 62; Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1006; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de enero de 2022 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 9, Tomo I, enero de 2022, página 5, con números de registro digital: 200199, 192338, 2002585, 2012980 y 2024102, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de octubre de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).
Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 2032792
Duodécima Época
Materia(s): Laboral
Tesis: PR.P.T.CS. J/26 L (12a.)
Instancia: Plenos Regionales
Tipo: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: Viernes 16 de octubre de 2026 10:26 horas
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE SU PAGO PROPORCIONAL CUANDO CUENTEN CON MÁS DE 6 MESES CONSECUTIVOS DE SERVICIO Y CONCLUYA LA RELACIÓN LABORAL ANTES DE COMPLETAR EL PERIODO CORRESPONDIENTE.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar si las personas trabajadoras al servicio del Estado que laboraron más de 6 meses consecutivos y cuya relación laboral concluyó antes de completar un año tienen derecho al pago de la prima vacacional calculada sobre la totalidad de los 20 días anuales de vacaciones o únicamente a su pago proporcional en función del tiempo efectivamente laborado.
Mientras que uno determinó que una vez satisfecho el requisito de antigüedad previsto en los artículos 30 y 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se adquiere el derecho íntegro a los 20 días de vacaciones y a la prima vacacional, sin que proceda su reducción proporcional por la fracción del año calendario laborada; el otro sostuvo que cuando la relación laboral concluye antes de completar el periodo de un año, procede el pago proporcional de las citadas prestaciones conforme al tiempo efectivamente laborado.
Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Los trabajadores burocráticos con más de 6 meses de servicios consecutivos cuya relación laboral concluya antes del cierre del año calendario, tienen derecho al pago de la totalidad de los 20 días de prima vacacional que prevé el artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o únicamente a su pago de forma proporcional en función de los días efectivamente laborados dentro del periodo correspondiente?
Criterio jurídico: Las personas trabajadoras al servicio del Estado que cuenten con más de 6 meses consecutivos de servicio y cuya relación laboral concluya antes de completar un año, tienen derecho al pago proporcional de las vacaciones devengadas y no disfrutadas, así como de la prima vacacional, en función del tiempo efectivamente laborado.
Justificación: De la interpretación conjunta de los indicados artículos 30 y 40, se desprende que el requisito de más de 6 meses consecutivos de servicios constituye la condición mínima para que las personas trabajadoras adquieran el derecho a disfrutar de 2 periodos anuales de vacaciones de 10 días laborables cada uno y a percibir una prima adicional del 30 por ciento sobre el sueldo presupuestal que les corresponda durante dichos periodos.
La satisfacción de ese requisito genera el derecho a las prestaciones, pero no implica que, ante la conclusión de la relación laboral antes de completar el periodo correspondiente, deba reconocerse automáticamente la totalidad de los 20 días de vacaciones y de la prima vacacional respectiva, sin atender al tiempo efectivamente laborado. En esos casos, la imposibilidad material de disfrutar las vacaciones y de percibir la prima vacacional durante la vigencia del vínculo laboral obliga a liquidar las prestaciones devengadas en proporción al tiempo de servicios.
Esta interpretación no deriva de la aplicación supletoria del artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo, sino de la naturaleza de las prestaciones previstas en la legislación burocrática y de su generación durante el tiempo laborado. Por tanto, es compatible con la jurisprudencia 2a./J. 72/2018 (10a.), de rubro: "VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO PROPORCIONAL CUANDO LABOREN POR UN PERIODO MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA ADQUIRIR DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ).", de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se refiere a quienes no cumplen el periodo mínimo de 6 meses, supuesto distinto al analizado por este Pleno Regional, referido a cuando se adquirió el derecho y posteriormente concluye la relación laboral, sin haber disfrutado de las vacaciones ni recibido el pago de la prima respectiva.
PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Contradicción de criterios 78/2026. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Octavo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de septiembre de 2026. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, y de Alan Antonio Morán Herrera, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Alan Antonio Morán Herrera. Secretaria: Eugenia Islas Rivera.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 381/2020, 204/2021, 214/2022, 552/2022 y 579/2022, los cuales dieron origen a la tesis jurisprudencial I.8o.T. J/1 L (11a.), de rubro: "VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU PAGO ES PROPORCIONAL A QUIENES TENGAN MÁS DE SEIS MESES CONSECUTIVOS Y CONCLUYAN SU RELACIÓN LABORAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de septiembre de 2023 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, Tomo V, septiembre de 2023, página 5251, con número de registro digital: 2027286, y
El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 315/2025.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 72/2018 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo I, julio de 2018, página 665, con número de registro digital: 2017395.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2026 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de octubre de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).
“Unámonos más que nunca en un Gran Acuerdo Por México”
¿Tiene dudas sobre esta u otra noticia laboral?
En César Roel Abogados con gusto le orientamos. Déjenos su consulta y le contactamos.
Enviar mi consulta →