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Circular · CRA-374Noticias4 de octubre de 2026

Circular 3049-2026 “Centro Federal de Conciliación su operación en Mexico”

Circular 3049-2026 Transcribimos a ustedes un artículo muy interesante sobre el presupuesto del Centro Federal de Conciliación. El artículo fue redactado por Nancy Escutia el 10 de septiembre del 2026, publicado en el diario “El Economista”. Centro Federal de Conciliación operaría en 2027 con el presupuesto más alto de su historia El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) podría operar en 2027 con el presupuesto más alto de su historia. La STPS solicitó en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación una bolsa de 1,801 millones de pesos. El CFCRL, organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), inició operaciones en 2020 en ocho entidades del país. Para su arranque, se le asignaron 197.2 millones de pesos. Desde su creación, la entidad recibió incrementos contantes en sus recursos, hasta 2025 cuando tuvo un recorte de 32%, este año se rescató y recibió una partida de 1,492 millones, aunque el 70% de ese presupuesto se asignó en una bolsa que no se puede ejecutar, según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del CFCRL del propio organismo. De aprobarse por la Cámara de Diputados la bolsa solicitada, el CFCRL tendrá la asignación de presupuesto más alta desde su inicio de operaciones. A decir de Roberto Herrera, especialista en derecho del trabajo, el fortalecimiento presupuestario del organismo es un buen avance ya que la institución es un actor clave en la consolidación del nuevo modelo de justicia laboral, uno de los compromisos que asumió México con la firma del T-MEC. "El incremento presupuestal es un avance muy importante. Contar con estos recursos permitirá que el sistema laboral camine con eficiencia, sosteniendo la red de oficinas, facilite el acceso de los trabajadores a la justicia laboral y en el marco del T-MEC, a responder adecuadamente y a tiempo en los procesos colectivos para prevenir mecanismos de respuesta rápida”, afirma. Para Ernesto de la Puente, asociado senior en Santamarina y Steta, si bien el aumento presupuestal es una buena noticia para el sector, el crecimiento de los recursos no resuelve por sí solos los desafíos si no se le permite al CFCRL la ejecución de todos los fondos. En esa línea, advierte que el reto principal no es solo incrementar el presupuesto, sino que realmente se pueda ejercer. No sólo se trata de aumentar el presupuesto, sino de ejercerlo Tan sólo en el primer trimestre del año, el Centro Federal de Conciliación tuvo acceso al 30% del presupuesto que se le asignó, recursos que, en su mayoría, fueron destinados para cubrir salarios y prestaciones del personal que, además, en su mayoría es eventual (83.87%). Los expertos recuerdan que en el ejercicio anterior el presupuesto era amplio, pero no se utilizó ni la mitad debido a reservas o partidas retenidas por la Secretaría de Hacienda, por lo que, si se aumenta el presupuesto, pero se bloquea un porcentaje alto, el centro terminará operando en números rojos. “Hay que presionar para que se pueda utilizar la totalidad de la partida asignada y que los nuevos que vengan sepan administrarlo”, subraya de la Puente. Pese a las limitaciones en la ejecución del presupuesto, el CFCRL registra una tasa de conciliación 75.6% de los casos. Es decir, el organismo ha entregado buenos resultados. Pero las limitaciones en la disposición de recursos podrían poner en riesgo estos avances, coinciden los especialistas. Roberto Herrera dice que, para consolidar la reforma de 2019, el presupuesto no debe verse como una cifra aislada. “El recurso debe ser administrado de manera eficiente y real, otorgándole al centro una autonomía verdadera para disponer de los fondos según sus necesidades operativas”. Retos para la conciliación Ernesto de la Puente enfatiza que el CFCRL es una de las autoridades bajo mayor escrutinio por parte de Estados Unidos y Canadá para el cumplimiento de los compromisos del T-MEC, por lo que no mejorar las condiciones en dicho organismo puede incrementar sus retos. Comparte que, aunque el porcentaje actual de conciliación es bueno, si no se mejoran las condiciones y sistemas a través del presupuesto será inevitable que los tribunales laborales terminen desbordados y saturados. “Provocará que los juicios vuelvan a prolongarse por 3, 4 o 5 años debido al alto volumen de conflictos y al poco personal para resolverlos”, menciona. Además, alerta que, si el personal del centro no recibe salarios dignos o continúa laborando sin insumos básicos como agua o limpieza, se genera un “caldo de cultivo para la corrupción”. Por su parte, Roberto Herrera refiere que ya existen acuerdos de audiencia programadas hasta 2027 que, en muchos casos pudieron haberse resuelto en la etapa de conciliación pero escalaron a demanda por falta de capacidad de los conciliadores. Sobre ello, identifica una falta de capacitación y experiencia en el personal debido a la alta rotación, lo que provoca que algunos funcionarios actúen como “tramitólogos” que se limitan a expedir constancias de no conciliación rápido, en lugar de fungir como mediadores para ayudar a resolver conflictos. “Centro Federal de Conciliación su operación en Mexico” El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es hoy la pieza central de la justicia laboral federal en la etapa previa al juicio, y con las cifras de seis años de operación ya puede evaluarse con datos y no solo con expectativas. Naturaleza y funciones. Conforme a su Ley Orgánica, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión (art. 1). Tiene tres grandes bloques de atribuciones (art. 9): la conciliación individual en asuntos federales y la conciliación colectiva a petición de partes o de la autoridad judicial, con facultad de expedir constancias de no conciliación; el registro nacional de contratos colectivos, contratos-ley, reglamentos interiores y organizaciones sindicales, junto con la verificación del apoyo mayoritario de los trabajadores a los contratos colectivos (la llamada legitimación); y la democracia sindical, que incluye el auxilio en elecciones de directivas, los recuentos y las constancias de representatividad. Su Programa Institucional 2026-2030 añade que ahora actúa también como autoridad garante en transparencia sindical, a raíz de la desaparición del INAI. Competencia. El CFCRL conoce de los asuntos de orden federal conforme al artículo 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución; el resto de los conflictos corresponde a los centros locales de conciliación de cada entidad. El catálogo de ramas industriales y empresas federales está en el artículo 527 de la LFT, que cito de memoria y que no pude contrastar en esta sesión, por lo que conviene verificarlo antes de definir ante qué autoridad se presenta un asunto concreto. Esto importa porque el Programa Institucional reconoce, como parte del diagnóstico, una invasión de competencias por parte de autoridades locales, es decir, errores de competencia que existen en la práctica. Cómo opera la conciliación individual. Según los lineamientos del procedimiento, la solicitud puede presentarse por vía electrónica, por comparecencia o por escrito firmado, con nombre, CURP, identificación oficial, domicilio, la persona o empresa a citar y el objeto de la controversia. Se registra en el SINACOL, que asigna un folio y un buzón electrónico. La parte citada debe ser notificada al menos cinco días hábiles antes de la audiencia, con apercibimiento de multa de 50 a 100 UMA por incomparecencia, y la audiencia debe celebrarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la confirmación de la solicitud. El procedimiento completo tiene un máximo de 45 días naturales (art. 684-D LFT). La confirmación de la solicitud interrumpe la prescripción, que se reanuda al expedirse la constancia de haber agotado la etapa conciliatoria. Si no hay acuerdo, esa constancia abre la vía ante el tribunal laboral. Si lo hay, el convenio debe constar por escrito, con relación circunstanciada de hechos y derechos, desglose de prestaciones y montos, antigüedad y una pena convencional no menor al salario diario por incumplimiento. Tiene condición de cosa juzgada y es título para acción ejecutiva, con pagos diferidos de hasta seis meses salvo pacto distinto. La conciliación es obligatoria y previa, con excepciones previstas en la propia LFT (por ejemplo, ciertos asuntos de discriminación o de seguridad social), cuyo detalle no corroboré en esta sesión. Resultados. El Programa Institucional reporta que la tasa de conciliación individual pasó de 67% en 2021 a 72% en 2024. La Jornada, con cifras de noviembre de 2020 a mayo de 2026, reporta unos 800 mil asuntos de conciliación individual atendidos, 113 mil millones de pesos recuperados para trabajadores, y que 84% de los convenios se logra en la primera audiencia. En materia colectiva, 99% de los asuntos se resuelve por conciliación; en 2024 hubo 8 huelgas estalladas frente a 1,240 conjuradas. Se han legitimado alrededor de 30,500 contratos colectivos (30,544 según el Programa, 30,549 según la nota, por fechas de corte distintas), y en verificación de democracia sindical las solicitudes crecieron de 1,077 en 2021 a 14,409 en 2024. La red territorial suma 41 oficinas (32 estatales y 9 de apoyo). Son cifras oficiales o reproducidas de fuente oficial, y miden resolución, no necesariamente la calidad o suficiencia de los montos pactados. Retos. El propio programa admite saturación potencial de procedimientos, brecha digital, insuficiencia de presupuesto y capacitación especializada, rezago en la migración de expedientes del extinto INAI e incertidumbre sobre el número total de expedientes en trámite. Un matiz: la versión de la Ley Orgánica que consulté es la de enero de 2020, y su Junta de Gobierno incluye al INAI, de modo que probablemente existan reformas posteriores que no pude verificar. Implicaciones prácticas para empresas. Primero, atender siempre el citatorio, porque la multa por inasistencia y la mala imagen ante el conciliador pesan en la negociación. Segundo, acudir con facultades suficientes para convenir (personalidad acreditada y autorización de montos), dado que 84% de los convenios se cierra en la primera audiencia. Tercero, redactar el convenio con rigor: al tener efectos de cosa juzgada, un desglose deficiente o una antigüedad mal consignada es difícil de corregir después. Cuarto, verificar la competencia federal o local antes de contestar. Y quinto, para quien tenga contrato colectivo, vigilar la legitimación y el registro de reglamentos interiores, que se tramitan en el CFCRL. Esto es orientación general y los plazos y competencias deben validarse contra el texto vigente de la LFT y los lineamientos antes de actuar. “Unámonos más que nunca en un Gran Acuerdo Por México”
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