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Circular · CRA-359Noticias1 de octubre de 2026

Circular 3048-2026. “Que posibles soluciones para reducir la jornada laboral pueden representar un riesgo legal”

Circular 3048-2026 Transcribimos a ustedes un artículo muy interesante sobre algunos posibles riesgos legales al implementar la reducción de la jornada laboral. El artículo fue redactado por Nancy Escutia el 08 de septiembre del 2026, publicado en el diario “El Economista”. 3 soluciones milagro para reducir la jornada laboral que pueden representar un riesgo legal Las modificaciones a las condiciones de trabajo para adecuar la operatividad a la nueva jornada laboral puede convertirse en un riesgo para las empresas que no atiendan una estrategia de soluciones adecuadas. La reducción de la jornada laboral que arrancará de forma gradual el 1 de enero de 2027 en México ha desatado una carrera contra el reloj en las empresas, las cuales necesitan reorganizar horarios, cargas de trabajo y procesos para adaptarse al nuevo esquema, pero es en ese camino que las estrategias para compensar la disminución de tiempo, sin el cuidado adecuado, pueden convertirse en malas prácticas. Aunque hay soluciones que en el papel pueden parecer ingeniosas, puestas en marcha no solo podrían deteriorar la salud mental de los trabajadores, sino incluso constituirse como malas prácticas que rocen la ilegalidad. Modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, recurrir a mecanismos diseñados para esquivar los efectos de la reducción de la jornada o fragmentar el tiempo de trabajo en horarios poco razonables son algunas de las estrategias que pueden generar riesgos legales para los empleadores. 1. El riesgo de fragmentar la jornada laboral Una de las medidas a las que recurren las empresas cuando necesitan disminuir horas de trabajo es la fragmentación de la jornada de trabajo. Teresa López Pelcastre, especialista en Recursos Humanos, explica que en industrias donde la demanda es volátil, como retail, restaurantes, logística y hospitalidad, es común que se fraccione el tiempo de trabajo en varios bloques dentro del mismo día. No obstante, refiere que la idea de colocar al personal únicamente en horas pico y mandarlos a descansar en las horas muertas puede parecer “brillante”; sin embargo, roza un esquema peligroso que puede tener consecuencias legales por la inconsistencia entre el registro formal de la jornada y el tiempo real exigido. “Al fraccionar la jornada el costo de traslados adicionales en tiempo y dinero recae directamente sobre el empleado. Puedes tener ocho horas registradas, pero si una persona en la práctica tiene comprometidas 12 o 14 horas de su día es un tema de alerta y revisión”, señala. En esa línea, José Ricardo Aceves Paniagua, gerente jurídico laboral de ManpowerGroup, señala que este tipo de esquemas escalonados o partidos pueden carecer de justificación legal y ser rechazados por las autoridades laborales si no están plenamente fundamentados ya que irían en contra del objetivo de la reforma de jornada laboral sobre priorizar el descanso de las personas. “Al partir la jornada e imponer horarios que pueden llegar a ser incómodos, ya no se tendría tanta libertad para contar con un descanso adecuado y el esquema puede no ser tan conveniente. Lo ideal es que la jornada se haga siempre de corrido pues el objetivo es que el trabajador goce de ocio y descanso”, menciona. 2. El peligro de usar horas extra de forma recurrente Otra solución que pueden aplicar las empresas es recurrir de forma sistémica al tiempo extra; no obstante, los especialistas advierten que abusar de esto no solo destruye el clima organizacional y detona el ausentismo y la rotación, sino que expone a los empleadores a responsabilidades de índole penal. Aceves Paniagua recuerda que no se puede obligar a los trabajadores a laborar horas extra para recuperar las horas que se reducirán, ya que estas deben ser acordadas, notificadas y establecidas dentro del margen legal, atendiendo que la suma de la jornada ordinaria con la extraordinaria no puede superar las 12 horas al día pues hacerlo “es ilegal”. Al respecto, Óscar Iván García Forcada, socio en Forcada Torres Abogados, explica que extender el tiempo de trabajo permitido puede configurar el delito de explotación laboral, así como pagar menos de un salario mínimo diario en esquemas de pagos por hora o contratación por unidad de tiempo, prácticas que también pueden aplicarse. La explotación laboral se sanciona con una pena de tres a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa, según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. “Cada industria tendrá que analizar qué esquema le resulta más conveniente, pero siempre dentro de los límites legales porque las empresas no pueden ir a la cárcel, pero sus representantes legales sí podrían ser sujetos a un procedimiento penal”, puntualiza García Forcada. 3. Cambiar condiciones de trabajo de forma unilateral Para reducir la plantilla, otra de las medidas que pueden tomar los empleadores es modificar las condiciones de trabajo unilateralmente con el fin de presionar la renuncia de los trabajadores; sin embargo, García Forcada enfatiza en que esta práctica representa un riesgo legal muy alto ya que cualquier ajuste debe ser acordado entre el patrón y el trabajador. “El patrón no puede modificar la jornada solo porque quiere, requiere obligatoriamente la voluntad y consentimiento del trabajador, plasmado en un contrato o adendum. De lo contrario es una mala práctica y el trabajador tiene derecho a demandar”, menciona. Debido a la dificultad y los costos de cumplir con la reforma, comparte que algunas empresas pueden verse tentadas a caer en la informalidad y evadir prestaciones o el aseguramiento de los trabajadores, pero eso las hace susceptibles a una inspección o demanda que como consecuencia podría tener el cierre definitivo del establecimiento. Finalmente, Aceves Paniagua recuerda que está estrictamente prohibido reducir salarios, prestaciones o derechos laborales para compensar la reducción de horas. “Que posibles soluciones para reducir la jornada laboral pueden representar un riesgo legal” Esta pregunta hay que señalarla con claridad, porque en la práctica eestamos viendo que muchas empresas, presionadas por mantener el mismo costo por hora bajo la reducción de jornada, están considerando "soluciones" que parecen eficientes en el papel pero que, revisadas con criterio jurídico, son fuente directa de contingencia laboral, fiscal e incluso penal. La primera y más riesgosa es disfrazar el pago de horas extraordinarias como honorarios o facturación por servicios profesionales a través de un régimen fiscal distinto al de nómina. Esto no es legal bajo ningún supuesto: el tiempo extraordinario debe pagarse dentro de la relación laboral y reflejarse en nómina, y separar ese pago vulnera la naturaleza misma del vínculo de trabajo. Las consecuencias son dobles: por un lado, el IMSS puede detectar tiempo extraordinario no integrado al salario y cobrar diferencias, recargos y capitales constitutivos; por otro, al no integrarse al Salario Diario Integrado, se reduce artificialmente la base para el cálculo de indemnizaciones y prestaciones futuras del trabajador, lo que constituye una simulación que la autoridad laboral puede desconocer en cualquier momento, reclasificando la relación como laboral con todas sus consecuencias retroactivas. Muy relacionado con lo anterior está el riesgo de convertir las horas extra en una práctica habitual y sistemática, aun pagándolas correctamente. Figuras como el "banco de horas" (compensar excedentes de un día con descanso en otro) no tienen fundamento expreso en la Ley Federal del Trabajo mexicana como sí existe en otras legislaciones, de modo que instrumentar esquemas de compresión de jornada sin ajustar los límites diarios y semanales que la reforma establece (el tope de 9 horas extra semanales durante 2026-2027, que sube gradualmente hasta 12 horas en 2030) puede desnaturalizar el carácter extraordinario del tiempo trabajado. Cuando el exceso de jornada deja de ser esporádico y se vuelve la forma ordinaria de operar, se abre la puerta a que un trabajador o la propia autoridad reclame la recalificación de esas horas como jornada ordinaria encubierta, con el pago retroactivo de diferencias y en el caso de horas extra que excedan los límites legales, el pago al triple previsto en la ley. Un tercer foco de riesgo, que ya adelantamos respecto al registro electrónico, es confiar en documentación deficiente o manual para acreditar la jornada efectivamente trabajada. La carga de la prueba sobre la jornada recae en el patrón, de modo que cualquier esquema de reducción de jornada que no esté respaldado por un sistema de registro confiable deja a la empresa en una posición débil ante cualquier litigio sobre tiempo extraordinario, sin importar qué tan bien diseñado esté el esquema en el papel. A esto se suma un riesgo colateral de protección de datos cuando el registro se apoya en biometría o geolocalización sin el consentimiento expreso y el aviso de privacidad correspondiente conforme a la legislación de datos personales. En el plano fiscal, otro error común que genera contingencia es no distinguir correctamente el tratamiento de ISR aplicable a las horas extra: la exención parcial solo opera bajo condiciones específicas (que el trabajador no perciba salario mínimo, que las horas estén dentro de los topes legales, y que no se exceda el límite semanal), y un cálculo que no separe estos conceptos correctamente expone a la empresa a diferencias fiscales determinadas por el SAT. Por último, con la reserva profesional que el tema amerita, que algunos especialistas y análisis periodísticos han comenzado a vincular el exceso sistemático y no consentido de jornada con la reforma de 2024 a la legislación en materia de trata de personas, sugiriendo que una jornada excesiva impuesta de forma reiterada podría eventualmente analizarse bajo la óptica de explotación laboral con responsabilidad penal. Es un criterio que no he mos podido corroborar contra el texto normativo primario ni contra jurisprudencia consolidada, por lo que lo señalo como una línea de interpretación emergente y no como derecho asentado; sin embargo, el solo hecho de que se esté discutiendo en estos términos es, en sí mismo, una razón adicional para que ninguna empresa trate la jornada excedida como una práctica tolerable o normalizada mientras implementa la transición a las 40 horas. En conjunto, el hilo común de todos estos riesgos es el mismo que hemos venido señalando pues la reducción de jornada no admite atajos que, en el fondo, trasladen el mismo número de horas trabajadas a una figura jurídica distinta para evitar su costo real. Cualquier estrategia de implementación debe partir de un registro confiable, de una correcta integración salarial y fiscal, y de respetar los topes legales de tiempo extraordinario, precisamente para que la reducción de jornada sea una ganancia real y no una contingencia legal diferida. “Unámonos más que nunca en un Gran Acuerdo Por México”
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