Boletín 5.- “El mercado laboral mexicano sigue marcado por una brecha estructural muy amplia entre el empleo formal e informal, y los datos más recientes (primer trimestre de 2026) muestran que el problema no solo persiste, sino que se agravó ligeramente respecto al año anterior”.

Boletín 5.- “El mercado laboral mexicano sigue marcado por una brecha estructural muy amplia entre el empleo formal e informal, y los datos más recientes (primer trimestre de 2026) muestran que el problema no solo persiste, sino que se agravó ligeramente respecto al año anterior”. Según el INEGI (ENOE, 1T 2026), la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8% de la población ocupada, frente a un 45.2% en empleo formal. En términos absolutos, esto equivale a 32.6 millones de personas trabajando informalmente, es decir, sin seguridad social ni la protección legal correspondiente a su actividad (la definición que usa el INEGI sigue el criterio de la OIT). La cifra aumentó en 583,000 personas respecto al mismo trimestre de 2025, con un incremento repartido entre hombres (19.2 millones, +343,000) y mujeres (13.4 millones, +240,000). Dentro de esa informalidad hay distintas categorías que vale la pena distinguir porque tienen implicaciones legales distintas: el llamado "sector informal" propiamente dicho (micronegocios sin registro) representa 29.5% de la población ocupada; personas que trabajan informalmente dentro de empresas, gobierno o instituciones formalmente constituidas (es decir, sin ser dadas de alta pese a que el empleador sí es formal) representan 12.9%; el ámbito agropecuario, 8.7%; y el trabajo doméstico remunerado, 3.7%. Este segundo grupo —trabajadores informales dentro de empresas formales— es particularmente relevante desde la óptica del derecho laboral, porque suele implicar un incumplimiento directo de obligaciones patronales (afiliación al IMSS, pago de aguinaldo, vacaciones, PTU, prima vacacional) más que informalidad "estructural" del negocio. La brecha de ingresos entre ambos regímenes es contundente: el ingreso mensual promedio en el empleo formal es de $15,204.40 pesos, casi el doble de los $8,364.10 pesos que percibe en promedio quien trabaja informalmente. A esto hay que sumar que la informalidad deja fuera de aguinaldo, vacaciones pagadas, PTU, incapacidades, pensión, vivienda (Infonavit) y protección contra el despido injustificado conforme a la Ley Federal del Trabajo, con lo cual la precariedad no es solo de ingreso sino de derechos. Por sector económico, la informalidad se concentra fuertemente en agricultura y ganadería (84.6%), servicios diversos (83%) y construcción (81.5%), mientras que sectores como servicios corporativos (98.6% formal) o medios masivos (88.4% formal) están casi plenamente formalizados. Geográficamente la brecha regional también es muy marcada: los estados del sur y centro-sur —Oaxaca (79.9%), Guerrero (76.4%) y Chiapas (75.3%)— tienen las tasas más altas, mientras que los estados fronterizos e industrializados del norte —Coahuila (34.2%), Chihuahua y Nuevo León (34.9%) y Baja California (37.6%)— tienen las más bajas, reflejando la correlación entre industrialización, cercanía con EE.UU. y formalización del empleo. En cuanto a la creación de empleo formal (afiliación al IMSS), el arranque de 2026 fue débil: solo se generaron 207,604 puestos de trabajo en el primer trimestre, muy por debajo de la meta implícita de 300,000 (100,000 mensuales). Enero incluso registró una pérdida neta de 8,104 puestos. Este es el peor acumulado para un primer trimestre desde 2005, sin contar crisis como 2008-2009 o la pandemia, y representa un déficit acumulado de 1.63 millones de empleos formales respecto a la tendencia previa a la pandemia. Entre las causas identificadas están 17 meses consecutivos de contracción en la inversión fija y una caída de 2.7% anual en el número de patrones registrados ante el IMSS, es decir, menos empresas formales dispuestas o en condiciones de contratar. También aquí hay una brecha de género relevante: de los nuevos empleos formales generados, 143,653 fueron ocupados por hombres frente a solo 63,951 por mujeres. Un dato que pone el problema en perspectiva histórica: desde 2005 la proporción de informalidad se ha reducido apenas 4.5 puntos porcentuales, y aun así el número absoluto de trabajadores informales sigue creciendo por el simple crecimiento poblacional y la insuficiente creación de empleo formal para absorberlo. Desde la práctica laboral, esto tiene consecuencias muy concretas que vale la pena tener presentes: primero, el riesgo de subcontratación indebida o simulación de relaciones laborales sigue siendo un foco de fiscalización activo (STPS, IMSS, SAT), especialmente en sectores con alta informalidad "dentro de empresas formales"; segundo, cualquier empresa que contrate personal debe verificar cuidadosamente su esquema de afiliación, REPSE si aplica, y el cumplimiento íntegro de prestaciones, ya que las autoridades han intensificado auditorías precisamente en los sectores y regiones donde la informalidad es más alta; y tercero, para efectos de litigio o asesoría a trabajadores, la informalidad no exime al patrón de sus obligaciones legales —simplemente las incumple—, lo cual sigue dando lugar a reclamaciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o los tribunales laborales correspondientes por prestaciones no pagadas.