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Circular · CRA-375Boletines4 de octubre de 2026

Boletín. -16 “Centro Federal de Conciliación su operación en Mexico”

Boletín. -16 “Centro Federal de Conciliación su operación en Mexico” El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es hoy la pieza central de la justicia laboral federal en la etapa previa al juicio, y con las cifras de seis años de operación ya puede evaluarse con datos y no solo con expectativas. Naturaleza y funciones. Conforme a su Ley Orgánica, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión (art. 1). Tiene tres grandes bloques de atribuciones (art. 9): la conciliación individual en asuntos federales y la conciliación colectiva a petición de partes o de la autoridad judicial, con facultad de expedir constancias de no conciliación; el registro nacional de contratos colectivos, contratos-ley, reglamentos interiores y organizaciones sindicales, junto con la verificación del apoyo mayoritario de los trabajadores a los contratos colectivos (la llamada legitimación); y la democracia sindical, que incluye el auxilio en elecciones de directivas, los recuentos y las constancias de representatividad. Su Programa Institucional 2026-2030 añade que ahora actúa también como autoridad garante en transparencia sindical, a raíz de la desaparición del INAI. Competencia. El CFCRL conoce de los asuntos de orden federal conforme al artículo 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución; el resto de los conflictos corresponde a los centros locales de conciliación de cada entidad. El catálogo de ramas industriales y empresas federales está en el artículo 527 de la LFT, que cito de memoria y que no pude contrastar en esta sesión, por lo que conviene verificarlo antes de definir ante qué autoridad se presenta un asunto concreto. Esto importa porque el Programa Institucional reconoce, como parte del diagnóstico, una invasión de competencias por parte de autoridades locales, es decir, errores de competencia que existen en la práctica. Cómo opera la conciliación individual. Según los lineamientos del procedimiento, la solicitud puede presentarse por vía electrónica, por comparecencia o por escrito firmado, con nombre, CURP, identificación oficial, domicilio, la persona o empresa a citar y el objeto de la controversia. Se registra en el SINACOL, que asigna un folio y un buzón electrónico. La parte citada debe ser notificada al menos cinco días hábiles antes de la audiencia, con apercibimiento de multa de 50 a 100 UMA por incomparecencia, y la audiencia debe celebrarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la confirmación de la solicitud. El procedimiento completo tiene un máximo de 45 días naturales (art. 684-D LFT). La confirmación de la solicitud interrumpe la prescripción, que se reanuda al expedirse la constancia de haber agotado la etapa conciliatoria. Si no hay acuerdo, esa constancia abre la vía ante el tribunal laboral. Si lo hay, el convenio debe constar por escrito, con relación circunstanciada de hechos y derechos, desglose de prestaciones y montos, antigüedad y una pena convencional no menor al salario diario por incumplimiento. Tiene condición de cosa juzgada y es título para acción ejecutiva, con pagos diferidos de hasta seis meses salvo pacto distinto. La conciliación es obligatoria y previa, con excepciones previstas en la propia LFT (por ejemplo, ciertos asuntos de discriminación o de seguridad social), cuyo detalle no corroboré en esta sesión. Resultados. El Programa Institucional reporta que la tasa de conciliación individual pasó de 67% en 2021 a 72% en 2024. La Jornada, con cifras de noviembre de 2020 a mayo de 2026, reporta unos 800 mil asuntos de conciliación individual atendidos, 113 mil millones de pesos recuperados para trabajadores, y que 84% de los convenios se logra en la primera audiencia. En materia colectiva, 99% de los asuntos se resuelve por conciliación; en 2024 hubo 8 huelgas estalladas frente a 1,240 conjuradas. Se han legitimado alrededor de 30,500 contratos colectivos (30,544 según el Programa, 30,549 según la nota, por fechas de corte distintas), y en verificación de democracia sindical las solicitudes crecieron de 1,077 en 2021 a 14,409 en 2024. La red territorial suma 41 oficinas (32 estatales y 9 de apoyo). Son cifras oficiales o reproducidas de fuente oficial, y miden resolución, no necesariamente la calidad o suficiencia de los montos pactados. Retos. El propio programa admite saturación potencial de procedimientos, brecha digital, insuficiencia de presupuesto y capacitación especializada, rezago en la migración de expedientes del extinto INAI e incertidumbre sobre el número total de expedientes en trámite. Un matiz: la versión de la Ley Orgánica que consulté es la de enero de 2020, y su Junta de Gobierno incluye al INAI, de modo que probablemente existan reformas posteriores que no pude verificar. Implicaciones prácticas para empresas. Primero, atender siempre el citatorio, porque la multa por inasistencia y la mala imagen ante el conciliador pesan en la negociación. Segundo, acudir con facultades suficientes para convenir (personalidad acreditada y autorización de montos), dado que 84% de los convenios se cierra en la primera audiencia. Tercero, redactar el convenio con rigor: al tener efectos de cosa juzgada, un desglose deficiente o una antigüedad mal consignada es difícil de corregir después. Cuarto, verificar la competencia federal o local antes de contestar. Y quinto, para quien tenga contrato colectivo, vigilar la legitimación y el registro de reglamentos interiores, que se tramitan en el CFCRL. Esto es orientación general y los plazos y competencias deben validarse contra el texto vigente de la LFT y los lineamientos antes de actuar
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