Boletín. - 1 “Qué porcentaje de incremento al salario mínimo en Mexico seria sano para evitar que sea inflacionario, afecte la productividad y la creación de empleos”.

Boletín. - 1 “Qué porcentaje de incremento al salario mínimo en Mexico seria sano para evitar que sea inflacionario, afecte la productividad y la creación de empleos”. Esta pregunta toca economía laboral más que derecho estricto, así que la respondemos compartiendo el marco que usan los propios economistas y la Conasami para pensarlo, más los datos duros disponibles hoy, sin pretender que existe una cifra "correcta" única: es una decisión de política pública donde trabajadores, empresarios y gobierno legítimamente difieren. La regla que maneja la teoría económica convencional, y que en buena medida ha adoptado la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde 2019, es que un incremento salarial es "sano" cuando no supera, de forma sostenida, la suma de la inflación esperada más el crecimiento de la productividad laboral. La lógica es sencilla: si el salario sube más rápido que lo que produce cada trabajador por hora, el costo unitario de la mano de obra se encarece, y ese costo se traslada a precios (efecto inflacionario) o se absorbe recortando personal o formalidad (efecto sobre el empleo). Si sube menos que esa suma, el trabajador simplemente pierde poder adquisitivo sin necesidad. Con los datos más recientes disponibles, ese marco se traduce así: la inflación general en México rondaba 3.26% en agosto de 2026, dentro del rango que Banxico sigue vigilando de cerca; y la productividad laboral, según el INEGI, creció alrededor de 1.7% anual en el segundo trimestre de 2026 (tras un avance más modesto de 0.5% trimestral a finales de 2025). Sumando esos dos componentes, el rango que la teoría calificaría como "no inflacionario ni destructivo de empleo" estaría aproximadamente entre 4.5% y 6% nominal, lo que dejaría una ganancia real de entre 1 y 2.5 puntos porcentuales para el trabajador, cifra modesta pero sostenible. La realidad de la negociación tripartita, sin embargo, se ha movido en otro terreno desde 2019: el salario mínimo general subió 13% para 2026 (una combinación de 6.5% de incremento porcentual más el llamado Monto Independiente de Recuperación, un monto fijo en pesos pensado para cerrar la brecha hacia un salario digno), muy por encima de inflación más productividad. Ese esquema logró una recuperación histórica del poder adquisitivo del salario mínimo, pero es precisamente el punto que hoy generan más fricción: para 2027 la CTM ya presentó ante la STPS una propuesta de incremento de entre 5% y 10%, mientras que las organizaciones empresariales (Coparmex, CCE) históricamente han insistido en que cualquier aumento debe atarse más cerca de productividad e inflación, y han advertido que sostener incrementos de doble dígito año con año, sin que la productividad crezca al mismo ritmo, erosiona la capacidad de las pymes para contratar formalmente, justo el problema de informalidad del que hemos hablado con anterioridad. Nuestra lectura, con las cifras que se tienen hoy, es que un incremento en el rango de 5% a 7% para 2027 sería el punto donde conviven razonablemente ambos objetivos: sigue por encima de la inflación proyectada (lo que preserva poder adquisitivo), pero no se dispara tan lejos de la productividad como para presionar de forma importante los costos laborales unitarios o la creación de empleo formal. Por encima de ese rango, sobre todo si se repite el mecanismo del Monto Independiente de Recuperación sin una aceleración correspondiente de la productividad, el riesgo de presión sobre precios y sobre la formalización del empleo empieza a ser real, aunque no hay consenso absoluto ni entre economistas ni entre las partes de la negociación, y la decisión final es más política que técnica. Como siempre, esto es un panorama analítico, no una recomendación de política pública vinculante; la cifra final para 2027 saldrá de la negociación tripartita en la Conasami, previsiblemente hacia noviembre-diciembre de este año.